Segundo Norton FLORES ANTIVILO
Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.
Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.
Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.
Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad.
Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.
Eugenio RUIZ ‑ TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público. Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta. La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período.
Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO‑Norte, ex‑Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia.
Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta. Permaneció incomunicado durante toda su detención.
Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta. Durante el período de su detención permaneció incomunicado.
No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre.
Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra. En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz‑Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349‑73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz‑Tagle "su participación en el delito de malversación de caudales públicos...y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular. Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973... el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973". En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que "su participación en estos actos se comprobó fehacientemente ". En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar...En el proceso respectivo ... se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973".
Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida. Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:
Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados. Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.
La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluído en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;
Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió;
Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;
Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago.
Informe Rettig
Esta pagina fue modificada el 17/07/2010
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