El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, sometió a proceso a ocho funcionarios en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Andrés Ibacache Encinas. Ilícitos cometidos en la comuna de Quilpué, provincia de Marga Marga, entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, sometió a proceso a ocho funcionarios en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Andrés Ibacache Encinas. Ilícitos cometidos en la comuna de Quilpué, provincia de Marga Marga, entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

En la resolución (causa rol 1-2014), el ministro Cancino Cancino dictó auto de procesamiento en contra de Ernesto Leonardo Huber von Appen, Patricio Maximiliano Horacio Valentín Villalobos Lobos, Sergio Iván Mendoza Rojas, René Maldonado Bouchón, José Elías Villalón Palomino, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga y Víctor Orlando Rey Ringele, como autores de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos o rigor innecesario; en tanto, Guillermo Retamal Ruz enfrenta cargos como cómplice de los delitos perpetrados en la Base Aeronaval El Belloto y en cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué.

En la causa, el ministro en visita reunió antecedentes suficientes y dio por acreditado que el 14 de septiembre de 1973, la víctima, “Andrés Ibacache Encinas, fue ordenado detener por las autoridades del CAJSI de El Belloto (Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior), luego de que se presentara –en compañía de su hijo de dos años– a trabajar en la empresa KPD, ubicada en Quilpué, empresa que había sido allanada y controlada por orden del mando militar a partir del 11 del mismo mes. La víctima fue conducida por funcionarios militares a un recinto de detención ubicado en el interior de la Base Aeronaval El Belloto, emplazada en Quilpué, encontrándose en ese lugar un grupo de interrogadores organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de un supuesto armamento que se habría guardado en la empresa en la cual laboraba, recinto militar en el que procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare. Asimismo, durante su encierro fue trasladado en varias oportunidades a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, también en Quilpué, específicamente a una oficina que estaba ocupada por otro grupo de interrogadores también planificado y organizado por los mandos militares, con el objeto de interrogarlo y torturarlo mediante golpes de puño y pies, aplicación de corriente en diversas partes del cuerpo, privación de sueño, siendo liberado aproximadamente en febrero de 1974”.

“Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19, y siendo los procesados personas de la tercera edad, manténganse a éstos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, añade el dictamen.

En la resolución, el ministro Cancino sometió a proceso a José Elías Villalón Palomino en calidad de autor del delito cometido en la ciudad de Quilpué, en el estadio Playa Ancha y en buque de la Armada.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, dictó auto de procesamiento en contra de un oficial en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro con grave daño de Juan Domingo Jiménez Rojas. Ilícito perpetrado el 11 de septiembre de 1973.

En la resolución (causa rol 265-2017), el ministro Cancino sometió a proceso a José Elías Villalón Palomino en calidad de autor del delito cometido en la ciudad de Quilpué, en el estadio Playa Ancha y en buque de la Armada.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita reunió antecedentes suficientes para tener por acreditado que: “(…) el 11 de septiembre de 1973, Juan Domingo Jiménez Rojas fue detenido en horas de la mañana, al ingresar a su lugar de trabajo, la empresa KPD, ubicada en El Belloto, Quilpué, por un grupo de funcionarios militares organizado para detener a los trabajadores de esa empresa, operación que fue planificada por el mando militar, sin orden judicial o administrativa que lo justificare, siendo obligado a tirarse al suelo, boca abajo, con las manos en la nuca, oportunidad en que el personal militar caminó sobre los cuerpos de los detenidos, siendo posteriormente la víctima trasladada en un camión, junto a otros detenidos al estadio Playa Ancha y luego a uno de los buques que se encontraban en el molo de abrigo del Puerto de Valparaíso, utilizado como recinto de detención, siendo finalmente liberado el 18 de septiembre de ese año”.

“Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19, y siendo el procesado persona de la tercera edad, manténgase este detenido en su domicilio, bajo custodia de Carabineros del sector, en tanto se aprueba la resolución que le concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, añade.

En todos los casos, el ministro en visita, Max Cancino, estableció que “existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada SICAJSI (…) cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar”.

Este lunes, la Corte Suprema condenó a miembros en retiro de la Armada por secuestro con graves daños a ocho prisioneros políticos sometidos a torturas en el Cuartel Silva Palma de la institución durante la dictadura.

Detalles del fallo

La Segunda Sala del máximo tribunal analizó ocho recursos de casación presentados en contra de fallos que condenaron a los diversos miembros en retiro de la Armada y dictó las siguientes sentencias:

• Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 6 años de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Eduardo Nelson Cabrera Vásquez.
• Sergio Hevia Febres fue condenado a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Amador Amable Canelo Sánchez.
• Se dictó condena de 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Erwin Hugo Conn Tesche.
• Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Gilberto Alfonso Hernández Vera.
• Laureano Hernández Araya fue condenado a 5 años y 1 día de presidio por el secuestro con grave daño de Eduardo Enrique Ulloa Navarro.
• Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro de Luis Alberto Álvarez Noziglia.
• José Elías Villalón Palominos fue condenado a 61 días de presidio, con remisión condicional por el secuestro simple de Arturo Madrid López.
• Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro de Patricio Héctor Valdés Torres.

En todos los casos, el ministro en visita, Max Cancino Cancino, estableció que “existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI”.

Detallando que esta “operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, (…) cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica”.