Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura civil militar.

El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos. Esto, porque el apellido de Luis fue transcrito como ‘Pinto’, en lugar de ‘Pino’.

Tras la entrega, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, recordó que «esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos».

«Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda», agregó el director del INDH.

Desaparecido en 1986

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron entonces una denuncia por presunta desgracia, recibiendo en los días siguientes amenazas y hostigamientos.

Pero, pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora.

En 2024, la familia presentó una querella por la desaparición forzada de Luis Pino Soto, representados por los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos. En este marco, una de las diligencias solicitadas al ministro en visita extraordinaria fue que el Programa de Derechos Humanos remitiera copia de los antecedentes de calificación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Así, a fines de ese año, en la respuesta del organismo estatal a los tribunales, junto con la entrega de antecedentes, se reconoció la existencia del error, detectado al revisar los datos para su entrega, con los resultados ya señalados.

por Absalón Opazo

La instancia marca un hito en la reparación simbólica para la familia del estudiante secundario desaparecido en 1986, cuyo nombre fue omitido de los registros oficiales debido a un error de transcripción.

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura.

El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos: el apellido de Luis fue transcrito como “Pinto”, en lugar de “Pino”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, valoró este hito y señaló que “esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos. Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”.

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas. Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron una denuncia por presunta desgracia y en los días siguientes recibieron amenazas y hostigamientos.

Pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora. El caso llegó el 2024 al Plan Nacional de Búsqueda, donde sus profesionales descubrieron el error e interpusieron una acción declarativa ante el 19° Juzgado Civil de Santiago.

En la actividad participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la Delegada Presidencial Regional (s) de Arica y Parinacota, Olga Testa Camp; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ana Vargas Valenzuela; junto a familiares de la víctima y representantes de organizaciones de memoria y derechos humanos de la región.

En septiembre de 2023, a la casa de los padres de Luis Alberto Pino Soto, a quien buscan hace cuatro décadas, cuando desapareció a sus 15 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegó una notificación de un juzgado de Arica, en el extremo norte de Chile, donde su hijo era citado por no ir a votar en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo, de acuerdo con los registros del Servicio Electoral (Servel): la ley de sufragio obligatorio sanciona a quien no acude a las urnas, si no presenta una justificación. La carta no solo fue escalofriante y un nuevo dolor para la familia, que tiene una herida abierta desde el 1 de julio de 1986, cuando vio por última vez a Luis. También dejó en evidencia, tiempo después, un error administrativo del Estado que se arrastró por años y que, al corregirse, derivó en que el adolescente haya sido reconocido oficialmente este jueves como una de 1.469 personas desaparecidas, en una ceremonia en Arica: su nombre no quedó en los registros del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, en 1991, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática y en el que se identificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Luis era el segundo de cuatro hermanos. Y desapareció cuando a las 13.45 horas salió de su casa, en la población Santa Rosa de Arica, a buscar un cuaderno al domicilio de un compañero de la secundaria del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez. Ese 1 de julio de 1986 había un clima convulso, en la antesala de una masiva protesta contra Pinochet, en una convocatoria a un paro nacional, para los días 2 y 3, en la que se llamó a la apertura de los registros electorales y a la realización de elecciones libres: terminó con una brutal represión. Al transcurrir las horas, y Luis no regresaba, sus padres, Víctor Pino y María Soto, comenzaron a buscarlo. Acudieron, por la noche, a Carabineros, que no recibió la denuncia debido a que debían pasar 48 horas para abrir una pesquisa por presunta desgracia. Dos días después, la Policía de Investigaciones sí recepcionó el caso.

A mediados de 2023, un particular documento arribó hasta el domicilio de la familia Pino Soto en Arica. Su contenido, en formato de carta certificada, dejó estupefacto a Hans, el hijo menor de María del Tránsito Soto y Víctor Pino Pino. Su hermano, Luis Alberto Pino Soto, quien desapareció en 1986 durante la dictadura militar, estaba siendo citado a declarar al Juzgado de Policía Local por no presentarse a sufragar.

Según un reportaje publicado por 24 horas el 7 de diciembre del mismo año, Hans Pino pensó en un principio que se trataba de una mala broma. Miró a su padre, nervioso, y se preguntó por qué, luego de (para entonces) 33 años de búsqueda, su hermano mayor no había sido incorporado al Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos: “Es un chiste de pésimo gusto”.

Los hechos

La desaparición de Luis Pino Soto se produjo el 1 de julio de 1986 a primeras horas de la tarde, mientras caminaba desde su casa en la Población Santa Rosa hasta la de un compañero de curso para buscar un cuaderno, ad portas de una jornada de protestas nacionales contra el régimen de Augusto Pinochet.

Su profesor jefe, Daniel Santander, declaró a La Estrella de Arica que se trataba de un niño “sosegado, aceptado y querido por sus compañeros”. Al momento de perderse su rastro cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica.

Fue su personalidad tranquila y costumbre de volver de inmediato a casa lo que encendió las alarmas en la familia. El matrimonio Pino Soto, según contó en una carta escrita en  2010, acudió la misma tarde a la Tercera Comisaría de Carabineros a dejar constancia de la desaparición del menor. Sin embargo, los funcionarios de turno no recepcionaron los antecedentes.

Al día siguiente volvieron al lugar, siguiendo la indicación de Carabineros de esperar 24 horas para interponer la denuncia. Pese a eso, la respuesta obtenida fue la misma. Ante ello, acudieron a la Policía de Investigaciones (PDI), institución que acogió la denuncia por presunta desgracia y desaparición. Este hecho inició una búsqueda que, hasta la fecha, no ha dado resultados.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica de la época era Adela Manquilef, quien –según relataría años más tarde Víctor Pino Pino en la misma misiva– al ver que la madre de Luis sostenía conversaciones con personas que ella calificaba como “dirigentes de izquierda”, le manifestó que “como se estaba juntando con gente comunista, las buenas noticias que tenía para ella ya no se las iba a dar”, para luego solicitar que abandonara la sala de audiencias. Tras ello, a la salida de la Corte, se enfrentaron a diversas amenazas de sujetos que la familia asegura que eran agentes de la CNI.

Los datos sobre el paradero de Luis Pino Soto son difusos. Testigos que posteriormente nunca declararon en forma judicial dijeron a la familia que lo vieron subir a un camión militar. Otras versiones indican que su cédula de identidad apareció en la Tercera Comisaría de Carabineros, lo que tampoco fue corroborado.

No figura en ningún registro

A juicio de la familia, un error de tipeo fue fundamental para que el joven no fuera calificado como detenido desaparecido, puesto que el 27 de mayo de 1990 el diario La Estrella de Arica publicó una lista de 10 personas desaparecidas, que le fue entregada por la Coordinadora de Derechos Humanos.

Dicha lista –aseveran las denuncias realizadas por la familia–, contenía una falta tipográfica y de ese modo la víctima figuraba en el listado como Luis Alberto “Pinto” Soto, en vez de “Pino”, su real apellido.

Este error escaló a la Comisión Rettig, que no lo consignó como víctima. Esto se replicó en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123, en los 90, y a la Comisión Valech II.

Esta equivocación explicaría, por ejemplo, la carta de citación del Servel. El 2023, el Servicio Electoral argumentó que la inscripción automática, establecida el 2012, sumó entre los sufragantes a Luis Pino Soto, pues según los datos recolectados desde el Registro Civil no figura ni en la lista de desaparecidos en dictadura ni entre los fallecidos.

A fines del año pasado la causa fue asumida por los abogados Francisco Bustos y Francisco Ugás, del estudio jurídico Caucoto, quienes junto con querellarse emprendieron acciones en torno al error sobre el nombre del joven, en búsqueda de una reparación de parte del Estado. Al respecto, Bustos explica que “tuvimos respuesta del Programa de Derechos Humanos, donde reconocían este error histórico. Dentro de la Comisión Rettig es la única equivocación de este tipo que conozco”.

Un trabajo pendiente de reparación

El querellante recalcó que, pese a que siguen trabajando en el proceso penal y su orientación, aún quedan varias materias pendientes y que “uno de los objetivos que tiene esta labor es relativa a la búsqueda; es decir, cuál fue el destino final de Luis Pino” y, en ese sentido, el que ahora sea reconocido como víctima de violación de sus derechos humanos por parte de Estado permitirá que su caso sea incorporado al Plan Nacional de Búsqueda.

“También está pendiente la reparación del daño a la familia, que el reconocimiento del error también signifique que se le paguen las pensiones adeudadas a la madre (…). La pregunta que nos hacemos es cómo esto no hizo saltar las alarmas en otras personas que revisaron este caso”, comenta el abogado.

Cabe indicar que a principios de este año el Gobierno se comprometió a reconocer esta equivocación y a entregar los beneficios estatales que existen para familiares de víctimas de violaciones de los DD.HH. a la madre de Luis Pino Soto. Sin embargo, estas medidas estarán sujeta al decreto establecido por el Ejecutivo, que debería publicarse prontamente, en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, que se conmemora cada 30 de agosto.

N. de la R.: Cabe consignar que la Comisión Rettig reconoció a Luis Pino en una sesión (la número 72), como víctima de violaciones a los DDHH, pero no estuvo en la lista de víctimas, sino en la de casos sin convicción.