Rut       : 5.645.092

F.Nacim. : 22-12-46, 26 años al momento de su detención

Domicilio : Hacienda "El Morro", Mulchén

E.Civil  : Soltero

Actividad : Trabajador Agrícola

C.Repres. : Sin militancia ni cargo de representación social

F.Detenc. : 5 de octubre de 1973                                                               

SITUACION REPRESIVA

Celso Nicasio Vivanco Carrasco, soltero, obrero agrícola, sin militancia política, fue detenido el día viernes 5 de octubre, alrededor de las 17:00 horas, cuando se encontraba esperando la micro que cubría el recorrido de Mulchén a la Hacienda "El Morro"; desde ahí fue conducido hasta el Retén de Carabineros del mismo nombre por uniformados que integraban una patrulla compuesta por Militares, Carabineros y civiles, fuertemente armados, que momentos antes llegó hasta la Hacienda "El Morro". En ese lugar procedieron a allanar diversas viviendas, a interrogar a sus moradores y a citar a algunos trabajadores hasta el Retén "El Morro".

Entre los miembros del operativo, los habitantes de la Hacienda, pudieron destinguir a dos carabineros que antes habían pertenecido a la dotación del Retén El Morro, Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y otro de apellido Guzmán; al -en ese entonces- Teniente de Carabineros de la Comisaría de Mulchén Jorge Maturana Concha. A los civiles, Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, todos domiciliados en Mulchén; Rolf Düring Pohler, hijo de los propietarios del Fundo Verdún; Samuel Arriagada Domínguez, un hermano de éste y Raúl Tirapeguy.

 El Teniente Jorge Maturana Concha portaba una libreta en donde figuraban los nombres de diversas personas del predio, apuntes que intentó completar con datos relativos a militancia política y/o actividades de tipo sindical, con el profesor Benjamín Elías Sandoval Pozas, quien era Director de la Escuela "El Morro". A éste le decomisaron un vehículo de su propiedad, el que utilizaron algunos miembros de la patrulla para ubicar a las trabajadores previamente identificados.

En esa ocasión fueron detenidos y recluidos, junto a Juan Laubra Brevis, los trabajadores José Florencio Yáñez, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo y Domingo Sepúlveda Castillo los que, después de ser torturados, fueron trasladados por sus captores hasta un sitio del río Renaico, denominado "La Playita", donde fueron ultimados con la vista vendada y sus manos atadas con alambres de púas a la espalda. En ese lugar, los cadáveres fueron abandonados por los victimarios y, días después, debido a crecidas que experimentó el río, los cuerpos fueron apareciendo sucesivamente, durante unos veintiocho días, en distintos puntos de las riberas del Renaico, los que al ser encontrados por familiares y personas del sector, eran inhumados en fosas que cavaron para esos propósitos, donde dieron improvisada sepultura a los cuerpos. Lugares que cercaron y señalizaron debidamente.

Posterior a la ejecución, la patrulla hizo otras detenciones, pero todos los restantes detenidos fueron liberados al momento de su detención o en horas de la mañana, cuando la patrulla se aprontaba a partir en dirección al Fundo "El Carmen Maitenes", sin que hayan coincidido en el recinto de reclusión con los ejecutados.

 El grupo aprehensor luego se dirigió al Fundo Carmen Maitenes, deteniendo a Miguel Albornoz Acuña, a Alejandro, Daniel y José Albornoz González, a Luis Godoy Sandoval y a Florencio, Liborio y Lorenzo Rubilar Gutiérrez. De este fundo se trasladaron al Fundo Pemehue deteniendo a Alberto y Felidor Albornoz González, a José Gutiérrez Ascencio, a Juan Roa Riquelme y a Jerónimo Sandoval Medina. Estos trece campesinos, al igual que la víctima, fueron ejecutados ilegalmente por sus captores.

 En el año 1978, tres carabineros que vestían de uniforme, interrogaron al campero de la Hacienda, de apellido Sandoval, acerca de los lugares exactos de sepultación de las víctimas, mencionándole cada uno de los cinco nombres. Este les precisó el lugar donde se encontraban los restos de Domingo Sepúlveda y de Edmundo Vidal Aedo. Indicándoles, en forma vaga, donde se decía estaban las restantes fosas, toda vez que desconocía su ubicación.

 A los días después, los mismos funcionarios, llegaron en vehículo hasta el sector donde se encontraban las fosas de las víctimas, allí permanecieron un tiempo y después se marcharon, sin que nadie sospechara que habían sacado los restos clandestinamente.

            En 1980 se logró determinar el lugar preciso del primer entierro, donde se encontraron algunos restos óseos y de ropas más uno de los cuerpos de los 5 detenidos de la Hacienda El Morro, entre los que se encontraba Celsio Vivanco Carrasco. (Para mayor información ver casos de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

En el Juzgado de Letras de Mulchén se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

El 14 de julio de 1980, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo un escrito presentado por el Arzobispado de la misma ciudad, acordó facultar al ministro Cerda para que investigara los hechos ocurridos en la Hacienda "El Morro", acumulando dichos antecedentes a la causa Nº20.595 del Juzgado de Letras de Mulchén.

En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de cinco campesinos de la Hacienda "El Morro".

El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446-81.

El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.         

La nómina incluye a un civil, un policía de investigaciones, suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, e integrantes de la DINA, algunos fugitivos desde 2022.

Cuando se cumplen 53 años del Golpe de Estado en Chile, el Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado con 13 condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentra prófugos de la justicia, entre los cuales figuran un civil, un policía de investigaciones;  suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Algunos se encuentran fugitivos desde 2022.

Se trata de condenados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos, en causas como la Operación Cóndor, crimen de Reinalda Pereira, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; así como el caso Quemados, entre otros procesos.

El abogado Francisco Bustos, encargado de elaborar el listado, señaló que “seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”.

“Esto resulta todavía más importante en un contexto adverso, donde la autoridad política ha instruido al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales. Esto es contrario a la normativa interna, a los tratados de derechos humanos, y también a la práctica consistente de los tres últimos gobiernos que cumplieron la ley”, añadió.

En ese sentido, Bustos recuerda los casos y ejemplos de estas “nuevas prácticas”, de César Manríquez de la DINA o de Héctor Osses Yáñez, quien estuvo prófugo y logró evadir a la justicia desde el año 2021 a 2023, pese a su avanzada edad.

“Este último represor, en 2025, comenzó a pedir sustitución de pena por motivos de salud mental, y este año el Programa de DD.HH. desistió de todas las apelaciones que buscaban que se realizarán exámenes adicionales para acreditar cuál es su verdadera situación de salud. Al pedirles la justificación de esto, nos han denegado toda información”, concluyó.

13 prófugos de la justicia

1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara. Prófugo desde 2022

2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a 3 años de presidio menor en su grado medio, por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Prófugo desde 2022.

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Por su parte, fue condenado también a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. Prófugo desde 2023

3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos (torturas) en contra de Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente. Prófugo desde 2023

4) Pablo Belmar Labbé (oficial de Ejército ®, DINA), condenado a la pena de 10 años y un día como coautor del homicidio calificado de Carmelo Soria, y también resultó condenado a 541 días de presidio por asociación ilícita.

Además, se decretó en su contra la prisión preventiva en el caso por el crimen del Conservador de Bienes Raíces, Jorge Renato Francisco León Zenteno. Prófugo desde 2023

5) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®, DINA), condenado como coautor del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autor del delito de asociación ilícita. Por el primer cargo se le impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por el delito de asociación ilícita se le impuso la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. En su caso, se decretó también la prisión preventiva por el homicidio calificado de Jorge Renato León Zenteno, Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Prófugo desde 2023

6) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes, por siete víctimas: Florencio Rubilar Gutierrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutierez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutierrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; (ii) del Fundo Pemehue, por cinco víctimas: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes seis personas del (iii) Fundo El Morro: Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de 10 an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales. Prófugo desde 2023.

7) Miguel René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ®, DINA), sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado (desapariciones forzadas) de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Prófugo desde 2023.

8) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, sentenciado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

9) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto), fue condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo. Prófugo desde 2024.

10) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Prófugo desde 2024.

11) Ángel Nicanor Bustos Farías (investigaciones ®), condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, por el delito de secuestro con grave daño (desaparición forzada) de José Renato Lazcano Campos. Prófugo desde 2025.

12) Sergio Patricio Chifelle Kirby (oficial de la Armada ® y ex procurador del número Corte de Santiago), condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por el homicidio calificado de Marcelo Barrios Andrade. Prófugo desde 2025.

13) Gastón Manterola Miranda (oficial de Carabineros ?), condenado en calidad de autor de los homicidios calificados de José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella a la pena de 15 años y un día de presidio mayor. Prófugo desde 2026.

Prófugos capturados incluidos en listados anteriores:

• Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por los secuestros, y de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por los homicidios.

Estuvo prófugo desde la sentencia de término en agosto de 2023, siendo detenido en julio de 2026.

• Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Laja – San Rosendo como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.

Estuvo prófugo más de un año, desde marzo de 2024, siendo detenido en julio de 2025.

• Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala. Fue condenado en diciembre de 2022 y capturado en septiembre de 2024.

Resumen:El presente artículo busca presentar el proyecto institucional Árbol de la Memoria, el cual consistió en la recuperación de la memoria de 13 trabajadores forestales y agrarios de la Corporación Nacional Forestal Región de La Araucanía, Chile, que fueron asesinados entre los días 6 y 7 de octubre de 1973 en los fundos “Carmen, Maitenes y Pemehue”, en lo que es actualmente la Reserva Nacional Malleco, sector los Guindos, comuna de Collipulli y de Mulchén. A lo largo del artículo se realiza un análisis cualitativo y estudio de caso, presentando extractos de entrevistas realizadas a los familiares directos de las víctimas, como así también una problematización teórica mediante la utilización de bibliografía especializada que otorga una explicación de los sucesos acaecidos y los peligros actuales que enfrenta el sitio.

Introducción

El proyecto institucional Árbol de la Memoria nace de la iniciativa de un grupo de profesionales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que en el año 2015 presentaron la propuesta a la Dirección Ejecutiva.1 En el año 2016 se conmemora institucionalmente un sendero de 1.3 km con placas conmemorativas de cada uno de los fallecidos, en conjunto con la plantación de árboles nativos recordando a las víctimas. El fin era visibilizar los actos de lesa humanidad acaecidos al interior de la institución a nivel nacional, en particular lo acontecido con 13 trabajadores forestales que fueron asesinados tras el golpe militar en los días 6 y 7 de octubre de 1973, en lo que se conoce como la Matanza de Mulchén en la Reserva Nacional Malleco, en el sector de los Guindos, fundos “Carmen, Maitenes y Pemehue”. La matanza fue efectuada por una patrulla de 30 individuos compuesta por funcionarios de Carabineros y del Ejército (Conaf, 2016) comandadas por el teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha2 (Radio Biobío, 2019) y civiles, entre ellos terratenientes que participaron a lo largo de la Precordillera de Mulchén.El 6 agosto de 2012, la abogada que se desempeñó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, Patricia Parra, presentó una solicitud de procesamiento para civiles y militares como autores y encubridores: Rolf During Polher, Samuel Arriagada Domínguez, Raúl Tirapeguy Silva, Osvaldo Díaz Quintana y Patricio Martínez Moena en calidad de secuestradores y por homicidio calificado; Jaime Óscar García Zamorano, Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Jaime Alberto Müller Avilés, Mario Rafael Contreras Brito, Luis Alberto Palacios Torres, Juan Luis Cares Molina, José María Tucapel Iturriaga Valenzuela y José Francisco Puga Pascua en calidad de encubridores. A pesar de que la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción de la Quinta Sala haya desestimado la solicitud por no existir una participación y vínculo físico “con el hecho punible, y que resulte de serios antecedentes de convicción que constituyan presunciones fundadas que deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pero sin que constituyan prueba completa” (Tribuna del Bío Bío, 2013),3 los familiares de las víctimas siguen considerando que son los principales perpetradores de los actos acaecidos:Deteniendo, torturando, ejecutando e inhumando a 18 trabajadores forestales y agrarios, 13 de los cuales eran trabajadores de la Conaf. En el Fundo Carmen y Maitenes se registraron los acontecimientos de mayor violencia y crueldad, así como el mayor número de víctimas, que golpearon a tres familias: Rubilar Gutiérrez, Albornoz González y Godoy (Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, 2017).

En función de lo señalado, la institución por medio de registros históricos propios, pudo establecer la adscripción laboral de los trabajadores forestales y determinar que:

Las víctimas fueron: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; LuisAlberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme (CONAF, 2016).

No obstante, en el mismo sector ocurrieron otros crímenes que involucraron la muerte de cinco personas: Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, Edmundo José Vidal Aedo, Celso Nicasio Vivanco Carrasco y José Florencio Yáñez Duran (Museo de la Memoria, 2020)  El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) señala que el 21 de noviembre de 1979 se presentó una querella criminal (N° 20.595) a 18 campesinos de Mulchén por apremios ilegítimos, homicidio calificado y secuestros entre otros cargos. La corte de Apelaciones de Concepción designa un Ministro en Visita para investigar la causa, este se declara incompetente dada la exhumación ilegal de los cuerpos que aconteció en el mes de marzo de 1979 y remite la investigación a un Juez Militar que “dictó sobreseimiento definitivo en el caso y aplicó la ley de amnistía a los inculpados. El 18 de diciembre de 1983 la Corte Marcial anuló la aplicación de amnistía y cambió el carácter al de sobreseimiento temporal” (Rettig, 1991, p.374).

Actualmente el juicio sigue en proceso y solo se ha dictado sentencia efectiva a cinco agentes policiales y penas de libertad vigilada a efectivos del Ejército. El listado de Condenados son los siguientes:

Los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán fueron condenados por 12 homicidios calificados a una pena de 10 años y 1 día de cárcel efectiva, además de 5 años y 1 día por el delito de secuestro, sin beneficios, y 300 días por las inhumaciones y exhumaciones ilegales de las víctimas. Los ex miembros del Ejército José Iturriaga, Jaime Miller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García Zamorano recibieron la pena de 3 años y 1 día de prisión como encubridores del delito de homicidio simple, además de 541 días por la exhumación ilegal de los restos en la Operación Retiro de Televisores, mientras que Julio Reyes fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel por el encubrimiento y 300 días por la exhumación ilegal, todos beneficiados con la libertad vigilada para el cumplimiento de las condenas. El suboficial en retiro del Ejército José Puga, quien había sido acusado por encubrimiento y exhumación ilegal, fue finalmente absuelto de los cargos imputados en el marco de la Operación Retiro de Televisores (Parra, 2017).La matanza de Mulchén representa la impunidad y el olvido en su gran magnitud. Las diligencias llevadas a cabo por el ministro Carlos Aldana otorgaron “penas de entre 300 días y 10 años de cárcel por el crimen de 18 campesinos de Mulchén y el ocultamiento de los restos en la llamada Operación Retiro de Televisores” (Parra, 2017), una operación nacional orquestada en el año 1979 (El Mostrador, 2013)5 para encubrir las matanzas tras el golpe militar. A pesar de los esfuerzos por parte de las familias de hacer justicia no se ha logrado tal cometido. ( EXTRACTO)  

En relación a la génesis del proyecto, el mismo se remonta al año 2006, en específico a la conmemoración que realizó la Conaf en homenaje a Oscar Gastón Aedo Herrera, técnico forestal, detenido desaparecido en la ciudad de la Serena. Ese hecho marcó el inicio y un periodo de introspección al interior de la institución por parte de los profesionales que estaban iniciando el proyecto, que motivó una búsqueda de funcionarios que habían sido asesinados en dictadura. Entre ellos destaca el impulsor de la iniciativa, el ingeniero forestal Jaime Vielma, de implementar un proyecto de rescate de memoria a nivel nacional de trabajadores forestales, que se materializa en el caso de la Matanza de Mulchén.7 Es a considerar que Conaf, propiamente tal no tiene una formación en dicha área, pero si se apoyó con otras instituciones del Estado de Chile, como son el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De esta última colaboración en conjunto con los familiares se desarrolló el documental audiovisual “Memorias del Río Renaico, Mulchén”.8

Finalmente, el proyecto se inauguró el 29 de octubre del 2016, el mismo consistía en una senda con placas conmemorativas denominado “Sendero Árbol de la Memoria” que evoca a las víctimas. En el año 2017 fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, como monumento histórico protegido, mediante el decreto N° 186. Todo esto involucró compromisos individuales más allá del ámbito laboral para llevar a cabo esta actividad, lo cual marcó un hito inédito dentro de las agencias estatales. A continuación, se presentarán algunas imágenes correspondientes al sendero: