Servicio Médico Legal identificó cuatro nuevas víctimas de la dictadura: fueron ejecutadas, pero no están reconocidas en nóminas oficiales

El caso de Bernarda Vera, quien habría sido encontrada en Argentina, aunque figuraba como detenida desaparecida, ha despertado una ola de negacionismo sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar. Lo que se desconoce es que mientras Vera podría salir de la nómina oficial de ejecutados y desaparecidos, otros casos hasta ahora no reconocidos podrían ingresar próximamente a ese listado. José González, Ricardo San Martín, Óscar Vivanco y Ricardo de la Jara son ejemplos: los cuatro desaparecieron entre septiembre y octubre de 1973, fueron fusilados y sus cuerpos sepultados sin dejar registro en el Cementerio General. Ninguno tenía militancia. El Servicio Médico Legal los identificó entre 2017 y 2024. Sus casos –por ahora– no forman parte de las nóminas oficiales de víctimas. Estas son sus historias.

En agosto de este año, el Servicio Médico Legal (SML) anunció la identificación de los restos de José González Gutiérrez, desaparecido hace 51 años. En 2017, otros tres cadáveres fueron identificados: los de Ricardo San Martín Fuentealba, Óscar Vivanco Castro y Ricardo de la Jara Frez. Todos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, sector utilizado durante la dictadura cívico-militar para sepultar clandestinamente a ejecutados. Fueron fusilados poco después del golpe militar. Sin embargo, no están en ninguna nómina oficial de víctimas del régimen.

El 11 de septiembre de 1973, Ricardo San Martín (26 años) dejó su casa en la población Nuevo Amanecer de Puente Alto, con dirección a la Vega Central, donde trabajaba como cargador. Esa misma mañana, José González (19) se montó en una carreta en la comuna de La Granja y salió a vender verduras. Una semana después, Óscar Vivanco (20) se despidió de su familia en Pudahuel para juntarse con amigos en un salón de pool en Conchalí. El 13 de octubre, Ricardo de la Jara (26), hijo de un detective de la Policía de Investigaciones jubilado, salió de su casa a pedido de su padre para llamar a su hermana desde el teléfono de un vecino. 

Ninguno tenía militancia. Ninguno volvió a su hogar. 

Sus nombres tampoco forman parte de los casos “no calificados” de los informes Rettig (1991) y Valech (2010-2011), denominación que se da a las denuncias de desaparición para las cuales no se logró la convicción de que habían sido víctimas de agentes del Estado. Sin embargo, ahora se sabe que sí lo fueron.

La Subsecretaría de Derechos Humanos explicó que tres de estos casos –Vivanco, González y De la Jara– no fueron denunciados formalmente a las comisiones creadas para esclarecer las violaciones de derechos humanos en dictadura. Esto, probablemente, por desconocimiento de las instancias de denuncia por parte de los familiares, quienes nunca dejaron de buscarlos, pero no lograron presentar los casos ante las comisiones Rettig o Valech (vea las respuestas de la subsecretaría a CIPER). 

En cuanto a Ricardo San Martín, su madre entregó antecedentes a la Comisión Rettig, pero lo hizo fuera de plazo, siendo su denuncia desestimada por no reunir información suficiente. 

Estos cuatro ejecutados aún no integran la nómina oficial de víctimas de la dictadura, aunque esto podría cambiar. El Plan Nacional de Búsqueda (PNB) contempla la creación de un nuevo mecanismo que incorporará casos a la nómina de ejecutados por la dictadura. Esto, “siempre que se reúnan antecedentes que acrediten su condición de víctima”, explicaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los casos de San Martín, González, Vivanco y De la Jara “pueden ser revisados para su eventual incorporación si se cumplen los requisitos técnicos y jurídicos”. Se estima que este nuevo mecanismo entrará en funcionamiento “durante el último trimestre de 2025”. 

El SML ya los reconoce como víctimas del régimen. Tras lograr identificarlos con pruebas de ADN, la entidad los incorporó al “Listado de víctimas de violación a los DD.HH. identificadas a la fecha”, registrándolos como casos “no calificados”. 

Tres de las cuatro familias de los ejecutados han interpuesto demandas por daños y perjuicios. El 21° Juzgado Civil de Santiago estableció que existió responsabilidad del Estado en la muerte de Óscar Vivanco. La demanda interpuesta por familiares de Ricardo San Martín tuvo un desenlace opuesto: el mismo juzgado estimó que, al no estar incluido en los informes Rettig o Valech, no puede ser considerado una víctima de la dictadura. La familia apeló a esta decisión. Por último, las hermanas de José González interpusieron una demanda ante el 12° Juzgado Civil, la que aún se encuentra en proceso. 

También hubo investigaciones penales para encontrar a los responsables. El Poder Judicial explicó a CIPER que las cuatro causas terminaron con sobreseimiento temporal por falta de indicios suficientes para acusar a alguien por los crímenes.

Estas no son las únicas desapariciones que están siendo revisadas por el Estado. El 10 de septiembre, un boletín del PNB informó dos casos que están siendo analizados para su recalificación: el de Luis Pino Soto, estudiante ariqueño desaparecido en 1986 y que quedó fuera del informe Rettig por un error de transcripción, por lo que se ordenó reconocer su calidad de víctima; y un caso opuesto, una detenida desaparecida que no es nombrada en el boletín, la cual habría sido vista con vida “fuera de Chile” y, por tanto, podría salir de la nómina oficial (vea el boletín). Aquella persona fue identificada por el medio Reportea como Bernarda Vera, militante del MIR desaparecida en Neltume que viviría en Argentina. Un reportaje de Chilevisión asegura que la encontraron en aquel país, en la ciudad de Miramar. 

El exministro de Justicia y actual encargado de la cartera de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que los nuevos hallazgos en el caso de Vera fueron fruto del trabajo del PNB. Después de detectar incongruencias, el Estado realizó diligencias ante entidades argentinas y también suecas, país por el que habría pasado Vera. Estos antecedentes servirán para determinar la recalificación de su caso. 

En el punto de prensa, el ministro Cordero adelantó la existencia de casos no reconocidos de desaparecidos en dictadura: “Hay muchas víctimas no calificadas, o que sus calificaciones fueron rechazadas en el contexto de la comisión de verdad, y que luego (…) se ha podido identificar que hay errores”.

 CIPER consultó a la Subsecretaría de Derechos Humanos por la existencia de otros casos de ejecutados por el régimen de Pinochet –como González, San Martín, Vivanco y De la Jara– que no han sido reconocidos formalmente. La entidad afirmó: “Sí, existen otros casos identificados en procesos de revisión de protocolos históricos, debido a los avances tecnológicos, pero que no estaban calificados como víctimas”. Según explicaron, el PNB trabaja para identificar casos, “analizar la evidencia y presentarlos ante instancias correspondientes para su identificación y futura incorporación en la nómina oficial”.

RICARDO SAN MARTÍN

Ricardo San Martín tenía 26 años al momento del Golpe de Estado. Se desempeñaba como cargador en la Vega Central. Ese día salió a trabajar. Su madre, preocupada, lo quiso disuadir, pero sus intentos fueron en vano. “Si yo hubiese estado ese día, yo sé que a mi hermano no le habría pasado nada, porque él me hacía caso”, lamenta hoy Edith San Martín, su hermana. Recuerda que unas semanas antes del golpe, Ricardo pudo conocer a su primer sobrino, el hijo de Edith.

Aquel lunes 11 de septiembre de 1973, San Martín partió desde su casa, ubicada en Puente Alto, a trabajar a la Vega Central. Nunca más volvió.

Ante su desaparición, Manuela Fuentealba, su madre, partió a la Vega, donde le señalaron que su hijo había sido detenido junto a otros trabajadores, según testificó Edith ante el SML. Su madre lo buscó en hospitales, cárceles y en el mismo servicio, pero no logró dar con él.

Lo que la familia San Martin desconoció por casi 40 años era que la autopsia de Ricardo se realizó en noviembre del año 1973, rotulada como un cuerpo sin identificar. Su causa de muerte, según el informe forense, fueron heridas de bala en el cráneo y tórax. Fue sepultado, como un NN, en el Patio 29 del Cementerio General. 

En 1991 sus restos fueron exhumados y periciados por el SML, pero siguió sin poder ser identificado.

Sin saber aún del paradero de Ricardo, tras el retorno a la democracia la familia San Martín se enteró de la Comisión Valech, donde asistieron para presentar antecedentes. Pero, señaló su familia, estaban fuera de plazo, además de que los datos que poseían sobre su desaparición eran muy escasos. “Así, el caso de Ricardo no fue investigado mayormente, quedando su familia sin mayores respuestas respecto a lo ocurrido el día en que habría sido detenido”, señala un informe del SML. 

En junio de 2014, el SML logró realizar la primera identificación de Ricardo mediante registro de huellas dactilares que se tomaron en 1973. Luego se solicitaron muestras sanguíneas a los familiares. En junio de 2017 se ratificó la identificación y se entregaron sus restos. Ese mismo año se inició la investigación por su ejecución.

Según se explica en un documento emitido por la ministra en visita extraordinaria, Paola Plaza, la causa terminó sobreseída temporalmente en julio de 2018 por no haber indicios suficientes para acusar a alguien.

Edith lamenta no tener una foto de Ricardo, aunque asegura recordarlo. “Era de tez blanquita, gordito, no era tan alto. La gente antigua no era de foto. Nosotros no tenemos ni una foto de él, nada”.